La penalización del CO2 acelera el vehículo eléctrico
El 1 de enero de 2020 entró en vigor la nueva normativa europea de emisiones en los coches nuevos. El objetivo de esta medida es cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), más concretamente con el número 13 de sus ODS, ‘Acción por el clima’.
A partir de esa fecha, todos los fabricantes que produzcan más de mil coches al año deberán limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos ligeros con el fin de que no generen más de 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Todo aquel que no lo cumpla, deberá abonar multas millonarias que se calcularán en función del número de vehículos que hayan vendido en todo el año. Por cada gramo de más, que serán multiplicados por los coches vendidos, se pagarán 95 euros.
En este contexto, parece propicio reabrir el debate de la movilidad eléctrica y con él, poner encima de la mesa todas sus ventajas, retos y casuísticas existentes como las infraestructuras de recarga al servicio, imprescindibles en el éxito de una tendencia imparable.
